Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), en el día de la Tierra, solicita que el Gobierno de España pida a las naciones miembros de la unión Europea, una rectificación urgente en la Agenda 2030 ya que excluyen dentro de sus objetivos a los territorios de los pueblos originarios, siendo ellos mismos los principales actores de su salvaguarda y son imprescindibles para combatir el cambio climático.

Naciones Unidas reconoce que se deja fuera de la hoja de ruta para el desarrollo sostenible los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a sus territorios y recursos según su informe “Derechos a tierras, territorios y recursos” divulgado por el Departamento  de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA). La ONU afirma que los proyectos de desarrollo que van en detrimento del medio ambiente socavan los derechos de los indígenas al progreso y la seguridad, al margen de amenazar sus territorios y recursos. No se pueden declarar zonas protegidas expulsando a los nativos de las tierras y quitándoles su sustento. El respeto por los pueblos originarios es nulo en la mayoría de los países del mundo. Se han incrementado los conflictos en sus territorios, así como las agresiones y violencia que quedan impunes contra los indígenas defensores de sus derechos y del medio ambiente.

Según la FAO, los pueblos indígenas constituyen sólo el 5 por ciento de la población mundial, sin embargo son los guardianes esenciales del medio ambiente. Los territorios indígenas tradicionales abarcan el 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo, pero que se traduce en un  80 por ciento de la biodiversidad del planeta. Por todo ello, para Proyecto Gran Simio, les parece inaudito que no se cuente con ellos ni en la Agenda 2030 ni tampoco estén presentes como naciones importantes en las reuniones de los líderes del mundo cuando se hable del cambio climático y sus soluciones urgentes a tomar. 

Por otro lado, en todas las partes del mundo, líderes indígenas y ambientalistas están siendo asesinados para silenciar su oposición a la destrucción de sus tierras y el medio ambiente. Estos asesinatos, sin silenciados por los propios Gobiernos y la Comunidad Internacional, pero están siendo una práctica habitual, mientras que en los despachos se debate la lucha contra el cambio climático.

El pasado 17 de marzo de 2021 fue asesinada en Colombia la Alcaldesa indígena María Bernarda Juajibioy, del Cabildo Camentza Biyá en Colombia. La salieron al paso cuando iba por el camino con su hija y dos nietas. La mataron a tiros a ella y a una de sus nietas de solo un año y cinco meses de edad, quedando heridas de bala su otra nieta de  9 años y su hija Paola  de 22.

En Honduras la última víctima conocida ha sido Juan Cerros Escalante, dirigente indígena Lenca y ambientalista. Las balas también acabaron con su vida. Era el Coordinador de las Organización de Comunidades Unidas y luchaba contra la instalación de proyecto hidroeléctrico “El Tornillito” sobre el río Ulua, una obra que amenaza con desaparecer gran parte del territorio municipal de Chinda y desplazar a cientos de familias. De acuerdo con un reciente informe de Global Witness “Defender el mañana”, Honduras en 2019 se posicionó como el quinto país más letal del mundo para quienes defienden la Tierra y los bienes comunes. Un total de 26 personas defensoras han sido asesinadas  que sean conocidas en los dos últimos años. 150 en la última década.

El pasado 22 de febrero, la relatadora especial Mary Lawior, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe titulado “Última advertencia: los defensores  de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”. En Costa Rica, país que se supone que está abierto a la protección del medio ambiente, sin embargo, también son asesinados defensores de la naturaleza. El último que se conozca, el defensor y líder indígena Sergio Rojas. Solo en América latina, entre 2015-2019 fueron asesinados 933 personas defensoras del medio ambiente. Y solo han sido las conocidas, sin contar las heridas o expulsadas de sus tierras.

Survival International denuncia el acoso del pueblo Jenu Kurubas  en el Parque Nacional de Nagarhole que han sido expulsados de sus tierras al tener su hogar en una reserva de tigres, enfrentándose a las expulsiones ilegales y al abuso en manos de guardabosques donde se les tortura e incluso disparan contra ellos. Mientras este pueblo venera y considera sagrado al tigre, a ellos les expulsan de sus tierras y la abren a los turistas. Como dice Survival, este es un ejemplo de conservación racista que ocurre también en otros lugares del mundo.

Los pueblos indígenas de Xerente, Krahô, Krahô Takaywra, Xokleng, Kaingang, Terena, Guarani y Kaiowá, Kinikinau, Munduruku, Tupinambá y Arapium se han manifestado el pasado 20 de abril en la Explanada de diferentes Ministerios, en Brasilia, en defensa de sus territorios y derechos constitucionales y contra proyectos de explotación de sus tierras por parte de la minería y la agroindustria. También contra el Proyecto de Ley (PL) 191/2020, presentado al Congreso por el gobierno de Jair Bolsonaro, que pretende legalizar la minería dentro de las Tierras Indígenas.

Según Proyecto Gran Simio, esto solo son unos pequeños casos de los miles que existen. Lo que ocurra en la Cuenca del Amazonas o la Cuenca del Congo o en cualquier otro lugar de la geografía del planeta respecto a la destrucción de la biodiversidad, repercute al mundo entero y al cambio climático mundial, por lo que no se puede cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo en muchos rincones del mundo y al acoso premeditado y homicida contra los pueblos indígenas por parte de gobiernos y empresas.

Esta Asociación pide igualmente el día de la Tierra, que España legisle una Ley en la que se obligue a las empresas y multinacionales de nuestro país a identificar sus actividades, evaluarlas dando seguimiento a los riesgos que pueden ser perjudiciales para el respeto pleno de la dignidad humana y del medio ambiente, tanto a nivel internacional como a terceros países. Algunos países miembros de la Unión Europea ya poseen algunas leyes como en Francia la Ley del deber de vigilancia del año 2107; la Ley sobre debida diligencia en materia de trabajo infantil de Holanda que impone obligaciones a las empresas y sus cadenas de suministro para prevenir el trabajo infantil cuando los productos que se originen por ellas vayan a estar a disposición de los consumidores holandeses; el Decreto Legislativo de Italia No. 231/2001 que establece la responsabilidad de las empresas por crímenes cometidos en interés o beneficio de una empresa, como la esclavitud, el tráfico humano, el trabajo forzado, la prostitución juvenil, el asesinato, entre otros; la Ley de Infracciones Administrativas de Alemania que permite que las Autoridades puedan multar económicamente a los propietarios de las empresas que no hayan cumplido la labor de monitoreo en sus actividades e incluso imponerles directamente las medidas de restitución pertinentes.

“Los Derechos de la Tierra deben ser protegidos jurídicamente, tanto en la Constitución Española, como en el Código Penal. No basta que alguien cuando contamine, destruya un cauce de un río, vierta vertidos sin control al mar, construya ilegalmente o efectúe cualquier otro atentado contra el medio ambiente, sea sancionado. También se tiene que obligar a reponer los daños y a dejar el lugar tal como estaba anteriormente a la ejecución de los hechos. La Constitución debe reconocer los derechos de la Tierra como ya existen muchos otros ejemplos en países  recogidos en el Informe del Secretario General de la ONU titulado Armonía con la Naturaleza” , ha declarado Pedro Pozas Terrados, Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio en España.

Para Pozas, la protección inmediata de la biodiversidad de nuestro planeta, de todos sus ecosistemas, de la defensa y ayuda a los pueblos originarios a vivir en paz conservando sus tierras, deben ser la bandera que una a todos los pueblos de la Tierra y la esperanza de conseguir entre todos el camino único que nos llevará a ser una humanidad digna a vivir en armonía con la naturaleza y todos los seres vivos que en ella habitan.

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